Ante la situación de inquietud y alarma creada entre todos los profesionales del foro y entre los ciudadanos como consecuencia de entrada en vigor de la Ley de Tasas, el Capítulo Español de la FEDERACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS (FIA), por unanimidad, adopta la siguiente RESOLUCIÓN:
1. Considerar contraria al principio constitucional de libre acceso a la Justicia la obligatoriedad del ciudadano de pagar las cantidades que señala la LEY DE TASAS.
2. Criticar el establecimiento de dicha medida como solución de los problemas que afectan a la Administración de Justicia española que, en realidad, sigue sin abordarse salvo por la vía que ahora pretende impedir o recortar el acceso de los ciudadanos a la Justicia.
3. Dar su apoyo a la concertación y firma de un generoso Pacto de Estado para cuya redacción deberán ser oídos los colectivos profesionales que, a diario, actuamos y padecemos la precaria situación: jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, abogados, procuradores de los tribunales y consumidores y usuarios.
4. Dar su apoyo a la potenciación de la independencia de los jueces. Y al buen gobierno del Consejo General del Poder Judicial, así como una Fiscalía autónoma y una Abogacía libre e independiente. Lejos estas Instituciones de toda influencia política o partidista.
5. Solicitar y requerir del Ministerio de Justicia la participación real y efectiva de todos los operadores jurídicos en la confección de los borradores de anteproyectos de ley o normativa de desarrollo legislativo.
6. Ante la ineficacia de las reformas acometidas hasta ahora y el muy presumible empeoramiento de la situación, con gravísimas afecciones al Estado de Derecho y a los derechos individuales de los españoles y españolas, postula la inmediata derogación de esta Ley, que consagra una justicia desigual entre los españoles según su nivel económico y rompe el principio de igualdad reconocido en nuestra Constitución.
7. Propone la actualización de la regulación contenida en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, adecuándola a la situación actual manteniendo el modelo existente, aplicando los sistemas de comprobación adecuado de las concesiones a sus beneficiarios; y atendiendo puntualmente y en todo caso los pagos de las prestaciones realizadas.
8. Requiere al Ministerio de Justicia para que dote, ponga en funcionamiento efectivo y divulgue socialmente la bondad de los sistemas alternativos de resolución de conflictos que reduzcan el colapso judicial.
9. Requiere, igualmente, a dicho Ministerio, así como al Consejo General del Poder Judicial para que potencie y dote adecuadamente los centros de asesoramiento y defensa de las ejecuciones hipotecarias y desahucios, procediendo de inmediato a elaborar las modificaciones legislativas pertinentes para superar el cúmulo de imprevisiones, errores y omisiones, abusos o fraudes que han venido sucediendo en materia tan sensible para los derechos fundamentales.
10. Solicita el establecimiento de un plan riguroso y racional de mejora permanente del servicio a los justiciables que lo precisen, con aplicación de la Carta de los derechos de los ciudadanos aprobada por unanimidad de todos los Partidos políticos del arco parlamentario el día 16 de abril de 2002.
28 de noviembre de 2012
Capítulo Español de FIA
Presidente
Luis Delgado de Molina