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Novedades Jurisprudencia de Costa Rica

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Señores
Federación Interamericana de Abogados
Presente


Estimados colegas y amigos.
 
Recientemente, el Tribunal Contencioso Administrativo de San José, ordenó a la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica, implementar un sistema de pensiones para los abogados, cuyo fondo proviene del pago del Timbre del Colegio de Abogados que se considera un aporte obligatorio por parte de los profesionales en derecho.


Con la finalidad de cumplir la orden judicial, la Junta Directiva ordenó los estudios actuariales necesarios para poder definir como funcionaría dicho fondo, sus requisitos y la forma de calcularlo. Una vez, realizados los estudios, la Junta Directiva convocó a una Asamblea Extraordinaria cuyo único tema sería la presentación de los resultados del estudio para poder definir en dicha asamblea cual de los resultados se implementaría.

Al iniciar la Asamblea, un pequeño grupo de profesionales contrario a la actual Junta Directiva, de manera violenta, impidió su normal desarrollo y trató de tomar la palabra por la fuerza. La Junta Directiva llamó al orden en repetidas ocasiones, pero, el mismo grupo se abalanzó sobre la mesa principal, atacando a todo el que tratara de controlar la situación. La Junta Directiva decidió suspender la asamblea con el fin de proteger la integridad de los participantes.

Quienes causaron el incidente, pretendieron constituirse en lo que ellos denominaron una Asamblea General y tomaron varios acuerdos, entre ellos, destituir a la Junta Directiva y tomar por la fuerza las inflaciones del colegio. Nombraron una supuesta junta directiva, por espacio de 3 meses, constituida por ese pequeño grupo.

Al día siguiente, la Junta Directiva electa democráticamente el 5 de diciembre del 2015, presentó varios Recursos de Amparo ante la Sala Constitucional, alegando la violación de los artículos XX, XX.1, XXVIII y XXXIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 8, 13, 15, 16, 23, 25 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 7, 10, 25, 26, 28, 29, 40, 41 y 48 de la Constitución Política. Se solicitó a la Sala Constitucional y como Medida Cautelar, la suspensión de los acuerdos tomados por la ¨junta directiva¨ nombrada por ese pequeño grupo.

La Sala Constitucional ordenó a dicho grupo, debidamente identificados, ¨NO PERTURBAR NI OBSTACULIZAR DE FORMA ALGUNA, EL NORMAL EJERCICIO DE LAS LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ABOGADOS, ELECTA EN ASAMBLEA DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2015¨ ordenando a la Delegación Policial del Ministerio de Seguridad Pública, prestar la colaboración necesaria con base en el artículo 153 de la Constitución Política, para hacer cumplir lo ordenado.

Con base en la resolución anterior, es la Junta Directiva electa democráticamente el 5 de diciembre del 2015, quien mantiene la administración del Colegio de Abogados, reconociéndose que la toma de acuerdos de un grupo minoritario por la fuerza, no es la forma legal y democrática de llegar al poder de ninguna entidad o gobierno. Se protegen los derechos constitucionales y los derechos humanos de los agremiados que, en forma voluntaria y libre, eligieron a quienes gobernarán el Colegio de Abogados hasta el 2017.

 Atentamente,


 Dr. Juan Carlos Esquivel Favareto
 

 

 

 

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