Según los testimonios e imágenes que han salido a la luz pública, fue evidente el uso desproporcionado de la fuerza por parte del gobierno, ignorando las solicitudes “alto al fuego” por parte de los ex-policías refugiados para que detuvieran los ataques y negociar su rendición.
En ese contexto, al no haberse detenido el ataque por parte del Ejército y haber continuado el uso de armamento de guerra, dejó y deja bien claro que lo que el gobierno Bolivariano encabezado por Nicolás Maduro perseguía, era la ejecución ejemplarizante de los sublevados, contraviniendo así, las normas de Derecho Internacional de derechos humanos y las propias leyes venezolanas, donde por lo menos “de jure” no existe la pena de muerte.
Este crimen, así como otros cometidos en el pasado que acabaron con la vida de los ciudadanos que se han manifestado en contra del régimen político actual, constituye un crimen de lesa humanidad que en su momento, deberá ser conocido por la Corte Penal Internacional.
La matanza extrajudicial de El Junquito no trata sobre la vía o el estilo que Oscar Pérez y sus compañeros escogieron para enfrentarse al gobierno de Nicolás Maduro Moros, sino de la ausencia de Estado de Derecho en Venezuela y de la falta de escrúpulos humanos de quienes hoy detentan el poder en ese hermano país, por lo que la Federación Interamericana de Abogados hace un respetuoso llamado al gobierno Bolivariano para que garantice el respeto a la Constitución vigente, los Derechos Humanos y Civiles, de todos los ciudadanos venezolanos.
Washington, D.C., 17 de enero de 2018.
Jorge Hernán Rubio Carrera
Presidente Federación Interamericana de Abogados
Washington, D.C., Estados Unidos de América.