PRONUNCIAMIENTO

En reiteradas oportunidades, la Federación Interamericana de Abogados, fiel a los principios que la sustentan, manifestó su rechazo al régimen autoritario instalado en Venezuela. Alentó la esperanza de que la situación cambiaria con las elecciones presidenciales convocadas para el domingo 28 de julio de 2024, en un contexto desfavorable para la oposición, y que Venezuela recuperaría la libertad. El rechazo de la Federación fue más enérgico cuando se usurpó la voluntad política mayoritaria del pueblo venezolano expresada en las urnas, que consagró de manera contundente como presidente y vicepresidente constitucionales respectivamente de la República Bolivariana de Venezuela a los ciudadanos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, reconocidos internacionalmente como legítimos gobernantes.

El Centro Carter, una de las dos misiones de observación técnica electoral invitada y acreditada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró que la elección presidencial no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral, por lo cual no podía ser considerada como democrática, develando que la asunción de Nicolás Maduro fue arbitraria y abusiva, más aún cuando vino acompañada con la criminalización de las protestas pacíficas, la violación sistemática de los derechos humanos, que incurrió en ejecuciones extrajudiciales, y una sañuda persecución política de los opositores, detención selectiva de familiares de los candidatos y personas vinculadas al equipo de campaña electoral de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, obligando al exilio del primero y a la clandestinidad de la segunda, la violación sistemática de los derechos humanos.

Todavía está fresca en la memoria de la comunidad internacional el asedio, hostigamiento y amedrentamiento del régimen venezolano a la residencia del embajador argentino donde se refugiaron seis dirigentes políticos asesores de la líder opositora María Corina Machado, que luego del rompimiento de relaciones diplomáticas pasó a ser custodiado por el gobierno de Brasil. El asedio violaba la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y puso en riesgo la integridad física y psicológica de los asilados y del personal diplomático argentino, como declaró el senado del Paraguay.

Washington D.C., 17 de diciembre de 2025

Dr. Edson Antonio Miranda
Presidente

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