PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL ACUERDO DE BARBADOS PARA ASEGURAR ELECCIONES LIBRES, TRANSPARENTES Y JUSTAS EN VENEZUELA

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL ACUERDO DE BARBADOS PARA ASEGURAR ELECCIONES LIBRES, TRANSPARENTES Y JUSTAS EN VENEZUELA

La Federación Interamericana de Abogados – FIA tiene como misión promover el Estado de derecho y las instituciones democráticas y, entre sus principales objetivos, el de velar por el respeto de los derechos humanos y por su plena vigencia. Como gremio que reúne a los abogados del continente, de España, Inglaterra y Francia, con ochenta y cuatro años de existencia en la vida político-jurídica de las Américas, es un referente para los Estados como sujetos del derecho internacional.

Para resolver la crisis política y socioeconómica de Venezuela, sentando las bases para encarar las elecciones presidenciales a realizarse en el segundo semestre de 2024, el Gobierno de Maduro y un grupo de partidos de oposición, conocido como la Plataforma Unitaria, pactaron el 17 de octubre de 2023 el Acuerdo de Barbados, poco antes de la realización de elecciones primarias en ese país. El Acuerdo de Barbados con el que se culminó un proceso de negociación que se prolongó durante casi dos años, teniendo como facilitador a Noruega, implicó el compromiso del gobierno venezolano para el otorgamiento de garantías electorales, incluyendo una actualización del registro electoral, la inscripción, al menos de una parte, de la numerosa diáspora venezolana, la invitación que el Consejo Nacional Electoral debe cursar a misiones internacionales de observación, entre ellas delegaciones de la UE, la ONU, la Unión Africana y el Centro Carter, igualdad en el acceso a los medios de comunicación, entre otros. El Acuerdo de Barbados también estableció que las partes promoverían la habilitación de todos los candidatos presidenciales y partidos políticos “siempre que cumplan los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana”.

La Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anunció el pasado 26 de enero ocho sentencias sobre las sanciones impuestas por la Contraloría General de la República en contra de dirigentes políticos de oposición, entre ellas la Sentencia N.º 00005, de 26 de enero de 2024 en el expediente 2023-0461, que corresponde a la demanda de reclamación conjuntamente una acción de amparo cautelar (sic) contra vías de hecho ejercidas por la Contraloría General de la República planteada por la ciudadana María Corina Machado Parisca.  

Las inhabilitaciones administrativas de María Corina Machado y de Henrique Capriles fueron firmemente condenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Comunicado de 31 de enero de 2024, manifestando que “ningún órgano administrativo puede restringir derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución. Conforme a estándares interamericanos, para consolidar y proteger un ordenamiento democrático respetuoso de los derechos humanos, este tipo de sanciones únicamente pueden ser impuestas mediante condena por un juez o una jueza en el marco de un proceso penal”.

Por todo ello, La Federación Interamericana de Abogados declara:

PRIMERO. – Exigir el cumplimiento del Acuerdo de Barbados para que se garantice una coexistencia política pacífica asegurando que las elecciones presidenciales a realizarse en el segundo semestre de 2024 sean verazmente libres, transparentes y justas.

SEGUNDO. – Instar al gobierno venezolano y a la oposición a continuar en la mesa de negociación para resolver futuros estancamientos en la implementación de los acuerdos iniciales y avances, hasta lograr el retorno de Venezuela a una democracia plena.

TERCERO. – Apoyar todos los esfuerzos para la reconstrucción de ese país que aseguren el retorno a la estabilidad política y económica.

Washington, 15 de febrero de 2024